Que los ciudadanos voten puede parecer la idea más democrática posible, pero fácilmente se puede convertir también en la más antidemocrática.
Hay un acertijo que dice que un bate y una pelota de baseball cuestan 1,10 euros. Si el bate cuesta un euro más que la pelota, ¿cuánto cuesta la pelota? Casi todo el mundo contesta rápido y lo hace diciendo que el bate cuesta 1 euro y la pelota 0,10. Error, el bate cuesta 1,05 y la pelota 0,05. Algo así pasa cuando se contesta rápido y sin pensar sobre lo democrático que es el derecho a decidir.
Cuando un grupo de personas vota para decidir algo, la democracia consiste en que la mayoría gana y la minoría acata la decisión de la mayoría. Si la minoría decide hacer una votación por su cuenta para no acatar la decisión de la mayoría, eso no es la democracia sino todo lo contrario a la democracia. Es un ardid para no aceptar el resultado de una votación democrática. Eligiendo a conveniencia el sujeto de la votación se puede alterar a conveniencia el resultado de la elección.
El derecho de las regiones ricas a separarse de las regiones pobres
El derecho a decidir, por otro lado, es algo que casi siempre vemos asociado al nacionalismo y como una demanda separatista. Jurídicamente, lo único que existe en el derecho internacional es el derecho a la autodeterminación exclusivamente de los territorios coloniales, separados de su metrópoli y de su régimen jurídico (no pueden existir colonias españolas dentro de España), y aún así, según la ONU, con una clara limitación:
“El territorio de una colonia u otro territorio no autónomo tiene, en virtud de la Carta de las Naciones Unidas, una condición jurídica distinta y separada de la del territorio del Estado que lo administra, y esa condición jurídica distinta y separada conforme a la Carta existirá hasta que el pueblo de la colonia o territorio no autónomo haya ejercido su derecho de libre determinación de conformidad con la Carta y, en particular, con sus propósitos y principios”.
“Ninguna de las disposiciones de los párrafos precedentes se entenderá en el sentido de que autoriza o fomenta cualquier acción encaminada a quebrantar o menospreciar, total o parcialmente, la integridad territorial de Estados soberanos e independientes que se conduzcan de conformidad con el principio de la igualdad de derechos y de la libre determinación de los pueblos antes descritos y estén, por tanto dotados de un gobierno que represente a la totalidad del pueblo perteneciente al territorio, sin distinción por motivo de raza, credo o color”.
Es por todo lo anterior que el nacionalismo ya no habla de derecho a la autodeterminación, que es inaplicable a la CAV o a Cataluña, sino de un evanescente derecho a decidir no se sabe qué, no se sabe quién.
El sujeto a decidir del pueblo vasco, por ejemplo, ¿cuál sería? ¿Qué es el pueblo vasco? ¿Hay un gen que lo identifique? ¿Son vascos todos los habitantes de Navarra? ¿Sólo los que hablan vascuence? ¿Sólo los que tocan el chistu? ¿Tendrían que decidir los habitantes de la CAV, más los de Navarra, más los del País Vasco francés? ¿Quedaría vinculada Navarra por toda esta gente?
Respecto al pueblo catalán, ¿es un pueblo distinto que el de Mallorca, el de Valencia o incluso el del Rosellón? ¿O cualquier grupo de personas puede ser el sujeto de decisión de cualquier cosa sobre cualquier materia en cualquier sitio? Eso, como veíamos, es dinamitar la democracia, no reforzarla.
Reconociendo el derecho a decidir, se está reconociendo el derecho a decidir de las regiones ricas a separarse de las regiones pobres, y de este modo dejar de financiarlas y cortar cualquier redistribución de renta interterritorial. No es casual que las regiones independentistas suelan ser siempre regiones ricas. Paradójicamente, en España la izquierda defiende con ardor este dislate, particularmente la extrema izquierda.
Por todo lo anterior queda claro que el llamado “derecho a decidir” no existe en el derecho internacional, tiene unos límites conceptuales sumamente difusos y puede acabar siendo no una expresión democrática, sino todo lo contrario a la democracia. Pero queda por señalar que el derecho a decidir tiene todavía otro límite, si cabe más importante.
No todo lo que decida una mayoría democráticamente es aceptable
Por ejemplo, la mayoría no puede aprobar en referéndum fusilar a la minoría, ni se puede pedir a las personas de la minoría que, si son demócratas de corazón, acepten ser fusilados.
Hay unos derechos fundamentales (podríamos decir naturales) que no pueden ser objeto de votación, sino que son inalienables, derechos cuyo no reconocimiento es ya una injusticia. Es por esto que se puede hablar de leyes injustas (algo puede ser legal y sin embargo injusto), o por lo que los nazis pudieron ser condenados por sus crímenes pese a haber actuado conforme a la legislación alemana, aunque fuera una legislación respaldada en origen por una mayoría de votos.
Decíamos que la mayoría no puede aprobar en referéndum fusilar a la minoría, y seguramente todo el mundo entiende que esto no sería “democrático” aunque se votara democráticamente. Pero el derecho a decidir es un poco como si la minoría fusilara a la mayoría. Es decir, el derecho a decidir del que solemos hablar en España consiste en algo tan antidemocrático como que la minoría se separe de la mayoría para decidir por su cuenta, que es un poco como sacar del censo a la mayoría para que decida sólo la minoría, lo cual es a todos los efectos como liquidar a la mayoría, siquiera civilmente, sin necesidad de fusilarla, aunque el efecto sea el mismo.
A nadie se le ocurre que para ejercer el derecho a decidir en un pueblo de 1.000 habitantes habría que eliminar del censo electoral a 50 personas.
En cambio, nos parece normal eliminar a 950 para que decidan algo entre 50. Casualmente, esas 50 suelen ser además las más ricas del pueblo y viven juntas en las mejores casas.
En una sociedad, las decisiones sobre la misma las toman todos los socios. En España S.A., Extremadura no puede decidir sin contar con los catalanes, pero Cataluña tampoco puede decidir sin los extremeños. A fin de cuentas los catalanes tampoco entenderían que los barceloneses decidieran sobre Cataluña sin contar con los leridanos.
Si La Ribera de Navarra mayoritariamente no quisiera formar parte de Euskal Herria, ¿le obligarían a serlo por la fuerza? O alternativamente, ¿podría el Norte de Navarra sumarse a la CAV sin contar con La Ribera?
Cuidado, nos encantan las consultas, la participación y la horizontalidad del poder; pero por un lado, como hemos visto, pueden tener su reverso tenebroso y, por otra parte ya están los demás para recitar continuamente las cualidades maravillosas de los referéndums.