Relatos pendientes de publicar de GM
No puede decirse que los tradicionalistas fueran, fieles a la República. Pero los Gobiernos republicanos tampoco tardaron en dar razones a su oposición al desarrollar, como desarrollaron, una decidida política anticlerical, que hirió profundamente la sensibilidad de muchos católicos. Se trató de una mezcla tanto de agresiones estrictas, como en otros casos de repulsa a las meras aplicaciones del principio de la libertad religiosa.
Mayo de 1931, se disolvió el cuerpo de sacerdotes castrenses
Diciembre de 1931 se aprueba la Constitución, que introdujo explícitamente ese principio de libertad religiosa, pero limitó la libertad de los católicos para poder actuar conforme a sus creencias:
Se dispuso en ella que las manifestaciones públicas de cualquier religión, requerirían permiso expreso de la autoridad competente, y el culto católico en muchos casos, dependió del permiso de los gobernadores civiles.
Se habían negado ya a los miembros de los institutos religiosos el derecho de propiedad y el de dedicarse al comercio, salvo en lo imprescindible para la propia subsistencia.
Se reservó al Estado, por otra parte, el de inspeccionar sus cuentas.
Se había afirmado la libertad de expresión; pero no así la de enseñanza en los centros públicos. La que se impartiera en ellos había de inspirarse “en ideales -se lee en el texto constitucional- de solidaridad humana”.
Enero de 1932, por decreto se ordenó retirar los crucifijos de sus aulas
Enero de 1932, se decretó la disolución de la Compañía de Jesús –por su cuarto voto, de obediencia al pontífice- y se procedió la nacionalización de sus bienes. .
Febrero de 1932, por decreto, se secularizaron los cementerios, de suerte que no los podría haber que fueran para una sola confesión religiosa y, por ley. Se introdujo el divorcio, tanto por mutuo acuerdo como a petición de cualquiera de los cónyuges que pudiese alegar causas justificadas y suficientes.
Se suprimió de los presupuestos generales del Estado el capítulo de obligaciones eclesiásticas, que se habían estipulado – en el Concordato de 1851- como contraprestación obligada por los efectos de la desamortización eclesiástica.
Junio de 1933, con la llamada Ley de Congregaciones dispuso la nacionalización de todos los templos, palacios episcopales, casas rectorales, ornamentos y cualquier objeto de culto, por más que todos ellos quedaran afectos al culto mismo, aunque a la expresa disposición del Estado si en algún momento los requería. Se reconoció el derecho de fundación de institutos de perfección cristiana y concretamente el de erección de casas religiosas como parte del derecho común de asociación, que sin embargo, en el caso concreto de los religiosos, se restringió a que ninguno de sus miembros hiciera más votos que los tres canónicos.
La Ley de Congregaciones reconoció la autonomía de las comunidades religiosas para su administración interior, pero se autorizó al Gobierno a no reconocer a sus superiores cuando los considerase peligrosos para la cosa pública. Para entonces ya se había suprimido por decreto la enseñanza del catecismo en las escuelas públicas.
En parte, esto era aplicación del artículo 48 de la Constitución, que había llevado a la República a optar por la escuela única y laica como ideal educativo. Pero es obvio que en esta opción había más cosas: en 1933, la Ley de Congregaciones desarrollaría ese principio excluyendo de la enseñanza a los religiosos; en adelante no podrían dedicarse a enseñar más que a sus propios miembros, y bajo la inspección del Estado.
En Navarra, ganada ya por aquel catolicismo, todas estas medidas fueron decisivas para indisponer a una gran parte de la población con la República. En adelante, incluso las manifestaciones religiosas públicas que se pudieron mantener sirvieron para encauzar el malestar. La participación de la gente en ellas creció enormemente, y no sólo por mera devoción, sino también como réplica a la política en vigor.
Mayo de 1936, además, ganó las elecciones –en el conjunto de España, no en Navarra- el Frente Popular y una de las primeras medidas del ministro de Instrucción Pública del nuevo Gobierno surgido de las urnas, fue terminar realmente con la enseñanza religiosa, ordenando la clausura de los colegios atendidos por religiosos.
Se les había prohibido la enseñanza, según vimos, en la Ley de Congregaciones de 1933; pero, en muchos lugares de España, incluida Navarra, siguieron funcionando reconvertidos en sociedades culturales y mutuas de derecho común. En Navarra, para eso, la Asociación Católica de Padres de Familia había puesto en juego su ya más que notable articulación, que consistía en una organización capilar que llegaba a todos los pueblos y que le permitía dar resonancia muy notable a sus actividades de protesta, incluidos mítines y pasquines. Ahora, en 1936, la reacción ante la nueva política no se hizo esperar; se movilizó la propia Asociación Católica de Padres de Familia y la secundó, en el Congreso de los diputados, el conde de Rodezno; esto en los mismas días en que –con un valor simbólico sin igual- se terminaba el seminario diocesano de Argaray, en Pamplona, con un diseño –de Víctor Eusa- que se consideraría “casi provocador”, por la enorme cruz en que consistía la fachada.
La Persecución religiosa en zona republicana, los republicanos hicieron de la Iglesia Católica el blanco principal de su odio. Fue su mayor error estratégico, el clero era antiliberal y antisocialista, pero no fascista, quizás la mayoría fuesen tradicionalistas – conservadores.
Había unos 20.000 monjes, 60.000 monjas y 35.000 sacerdotes, la desamortización se realizó en 1837, por lo que la Iglesia ya no poseía las riquezas de antaño. Sin embargo se cometieron enormes atrocidades por grupos organizados de asesinos formados por militantes sindicales, jóvenes y cuadros políticos. La realidad es que la Iglesia no participó en el Alzamiento, pero se asesinó a 13 obispos, el 22% del total; el 12 % de los monjes = 2.400; el 13% de los sacerdotes = 4.550 y por lo menos a unos 3.000 laicos cercanos a la acción de las parroquias. Su comportamiento ante la violencia fue ejemplar y no obtuvieron apenas apostasías que en muchos casos las intentaron una y otra vez. Fue un martirio, semejante o superior al de otras etapas históricas de la Iglesia.
La República disolvió y confiscó todos los bienes de los Jesuitas, en enero 1932, con la excusa de su presunta obediencia a una potencia extranjera, al Papa de Roma, en Italia, por su famoso “cuarto voto”:
Decretó la disolución de la Compañía de Jesús. Con objeto de evitar la confiscación de sus bienes, la Compañía de Jesús, vendió por una peseta el Colegio de Tudela, construido por Blas Morte Sodornil, a su hijo Víctor Morte Celayeta, con la confianza de recuperarlo cuando se pudiese, como así sucedió seis años después, al posibilitarlo en plena guerra civil el decreto de 7 mayo de 1938.
En los carteles republicanos se denotan su visión