La Gaceta.es
La ley que impone la ideología de género en Madrid, al detalle
Un texto alternativo al propuesto por el Gobierno de Cifuentes que recoge todas las medidas contempladas en él pero ofrece una versión corregida y aumentada en lo ideológico.
R. Cuervas-Mons
16. Marzo 2016
Era un compromiso electoral de Cristina Cifuentes, pero el texto de la Ley de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y No Discriminación de la Comunidad de Madrid que se vota este jueves en la Asamblea es, finalmente, el presentado de forma conjunta por el grupo socialista de Madrid, Podemos y Ciudadanos.
Cuenta con más votos que el presentado poco antes por el Gobierno de Madrid, al haber puesto de acuerdo a los tres partidos de la oposición contra Cifuentes pero no porque el presentado por el PP de Madrid diverja mucho ideológicamente – fuentes del PP de Madrid reconocen que es, en un 80%, el mismo texto- sino porque PSOE y Podemos se negaron, en su momento, a que el PP se pusiera una medalla, la de la lucha por los derechos LGTB que era, decían, de los socialistas.
Así las cosas, la Asamblea de Madrid acoge el debate de un texto estructurado en una exposición de motivos, catorce títulos y cinco disposiciones adicionales que, a lo largo de 57 artículos, describe cómo debe ser el comportamiento administrativo, educativo, laboral, sanitario y social respecto a las personas transexuales.
Un texto que parte de la base ideológica de que el sexo-género de una persona “no es un concepto puramente biológico, sino sobre todo psicosocial”. Así, se ha de otorgar soberanía a la “voluntad humana” para designar el sexo-género que se elige sobre cualquier otra consideración física y se considera la propia determinación del sexo-género un derecho fundamental.
Por eso –y después de criticar que durante años la Medicina haya considerado la transexualidad como una enfermedad o un trastorno de identidad sexual- la ley acordada aboga por una “definitiva despatologización de la transexualidad y la consideración de la misma como una más de las manifestaciones de la diversidad sexual del ser humano”.
¿Cómo?
A través de la definición de la transexualidad, el listado de actuaciones consideradas discriminatorias hacia las personas trans, la puesta en marcha de medidas educativas, sanitarias y laborales, todo ello adornado por una enorme carga ideológica, con nula base científica.
¿Quién es trans?
Toda persona que se identifica con un género diferente o que expresa su identidad de género de manera diferente al género que le asignaron al nacer”. El término trans ampara múltiples formas de expresión de la ley de identidad de género o sub categorías como transexuales, transgénero, travestis, variantes de género, queer o personas de género diferenciado, así como a quienes definen su género como “otros” o describen su identidad con sus propias palabras”.
Con esta amplia definición en la mano, asomarse al nuevo marco legal que se pide para este ‘colectivo’, supone aceptar, entre otras cosas, que cada uno puede construir su propia identidad de género sin que “sea necesario acreditar en ningún caso la identidad de género manifestada mediante informe psicológico o médico”.
Curiosa cuestión, teniendo en cuenta que otra de las medidas que contempla el texto es que en los espacios tanto sanitarios como deportivos y educativos –hospitales, vestuarios, gimnasios…- se debe respetar la identidad de género que cada persona refiera a la hora de hacer uso de los espacios separados por sexo. Es decir: chicos en el vestuario de las chicas, y viceversa. Del mismo modo, toda persona cuya identidad de género sea la de mujer y acredite tal condición podrá acceder en condiciones de igualdad a los recursos existentes para las mujeres víctimas de malos tratos.
¿Y los menores y la escuela?
“En lugar de establecer prohibiciones que atentarían contra los derechos de los menores afectados y constituirían un maltrato, o de fijar barreras de edad que no tienen en cuenta el desarrollo individual de cada menor, se establece un sistema de atención individualizado y basado en las necesidades específicas de cada menor, y en el que se provee delos oportunos tratamientos en el momento adecuado en atención a su desarrollo”. Es decir, se proporcionará terapia hormonal a las personas trans, bloqueo hormonal al inicio de la pubertad y tratamiento hormonal cruzado y la negativa de los padres a este tratamiento podrá ser recurrida ante la autoridad judicial si se estima que hay perjuicio o sufrimiento para el menor.
Pero además, se instará a los colegios y centros educativos a poner en marcha los recursos educativos y psicológicos necesarios para “la detección temprana de aquellas personas en educación infantil que puedan estar incursas en un proceso de manifestación de su identidad de género, con el fin de elaborar un posible plan de acción para la integración del alumno en el centro”. Así, la ley señala que los centros educativos deben, por ejemplo, “dirigirse al alumnado trans por el nombre elegido por éste o, en caso de no estar emancipado o no contar con la suficientes condiciones de madurez, el indicado por alguno de sus representantes legales”. También contempla el respeto a la imagen trans que elija cada alumno y, en caso de haber uniforme, a elegir el que más se adecúe a su identidad sexual.
La ley contempla también “transformar” los contenidos educativos que impliquen discriminación o violencia física o psicológica basadas en la identidad o expresión de género en los colegios, “tanto públicos como concertados”. Y, ya en los procesos de adopción, la realidad de las personas trans se configura de la siguiente forma: “En la valoración de idoneidad en los procesos de adopción y acogimiento familiar, no exista discriminación por motivo de identidad o expresión de género”.
Superando estereotipos…
Además, impulsará medidas para lograr “el efectivo respeto en el sistema educativo de la diversidad afectivo-sexual así como la aceptación de las diferentes expresiones de identidad de género que permitan superar los estereotipos y comportamientos sexistas”.
La cuestión médica…
La ley señala que se debe proporcionar a todas las personas trans los procesos quirúrgicos genitales, prótesis, tratamiento hormonal y cualquiera otra intervención sin que se deban someter previamente a examen psicológico, poniendo la llamada “autodesignación de género” por delante del criterio médico.
Una vez expuestas los nuevos deberes, el texto normativo explica cuáles serán las sanciones que acompañen a cualquier acto de discriminación. De los 200 a 3.000 euros de multa para las sanciones leves, a los hasta 45.000 euros de multa, prohibición de acceder a cualquier tipo de ayuda pública e inhabilitación temporal para la prestación de servicios públicos para las más graves.
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El PP asume el lenguaje LGTB y la ideología de género
Ideología VS realidad: las frases más disparatadas del debate ‘trans’
El derecho a vivir sin sufrimiento o la legitimación de nuevas formas de ser. El debate celebrado este jueves en la Asamblea de Madrid deja afirmaciones para la historia.
Gaceta.es
Como los acusados en los juicios, los políticos parecen beneficiarios del derecho a mentir. O al menos, a no someter su discurso al tamiz de la verdad.
Sólo así se explican las afirmaciones que este jueves se pudieron escuchar en la Asamblea de Madrid, escenario del debate sobre la aprobación de la Ley de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y No Discriminación, que salió adelante con los votos a favor del PSOE, Podemos y Ciudadanos y la abstención (que no voto en contra) del Partido Popular.
La diputada podemita Beatriz Gimeno definía la jornada como histórica. Y no le faltaba razón. Porque histórica fue su afirmación de que un texto legal –un conjunto de papeles y normas- legitima la “revolucionaria idea de que las niñas pueden tener pene y los niños vagina”.
Si hasta ahora habían entendido la transexualidad como el proceso de cambio de sexo a otro, por no considerarse la persona transexual identificada con el sexo inicial, ahora Gimeno parece señalar que la identidad de género consiste en legitimar la existencia de niñas, ya saben, “con pene y niños con vagina”.
Es, decía con acierto Gimeno, «una determinada manera de entender el mundo» a la que otras visiones se han opuesto «con mucha dureza». “Esto pone patas arriba la idea tradicional de que el sexo determina el género”. “Compañeras y compañeros de lucha, hemos ganado”, terminaba Gimeno.
Poco antes, la tribuna de oradores la ocupaba la diputada de Ciudadanos Eva Bórox, que enarbolaba el derecho a “vivir tu propia vida, una vida que reivindico sin sufrimientos”. Ya nos gustaría, pero mucho nos tenemos que, por mucho que se plasme en una ley, el derecho a una vida libre de sufrimientos no lo puede asegurar casi nadie.
Por la tarde, en el debate de la proposición no de Ley presentada por Ciudadanos para instar al Gobierno a impulsar una Ley de regulación de la gestación subrogada en España (vientres de alquiler), la portavoz de Podemos Clara Sánchez Serra señaló que «la mujer gestante debe tener el mismo derecho al aborto que cualquier otra y no tiene que ser penalizada por ello».
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Así es la Ley de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y No Discriminación
SEGÚN LOS ESTATUTOS DEL PP
Cifuentes y los suyos podrían enfrentarse a la expulsión
El ideario de los populares establece su adhesión al humanismo cristiano y el régimen sancionador castiga con la expulsión a quien actúe contra las ideas del partido.
Juan E. Pflüger 17. Marzo 2016
En el mes de octubre de 2015 se debatía en el congreso una iniciativa de UPyD para la regulación del vientre de alquiler en España. Para ello había que derogar varios artículos de la Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de reproducción humana asistida. La respuesta parlamentaria del PP, que corrió a cargo de la diputada del PP Beatriz Escudero Berzal, dejaba clara la postura del partido de Mariano Rajoy, que en aquella ocasión se ajustó escrupulosamente a su ideario y al programa electoral que habían defendido.
Entre las palabras de Beatriz Escudero destacan algunas como: “cuando una mujer pare, lo que nace de su cuerpo es su hijo, su filius, y el vínculo de filiación existe desde ese mismo momento. En nuestro ordenamiento jurídico, y en muchos ordenamientos jurídicos europeos, el parto determina la filiación respecto a la madre. Pretender que no es su hijo no es posible”. Entonces, hace menos de un año, la diputada del PP –partido que defiende ahora en la Asamblea de Madrid lo que entonces rechazaba por motivos morales y legales- preguntaba a los de UPyD: “¿Dónde está la dignidad del ser humano y de la mujer?”
En aquella defensa encendida de la protección de “la mujer, los niños y los diferentes modelos de familia” aseguraba también que permitir el vientre de alquiler era “la comercialización de la maternidad”.
Ahora, desde el PP de Madrid se pretende aprobar una legislación sobre vientres de alquiler que se sitúa contra el ideario del PP. Un ideario que ya no se encuentra disponible en la web corporativa del partido, pero que según recogen los estatutos vigentes: “Se compromete con una clara vocación europeísta inspirada en los valores de la libertad, la democracia, la tolerancia y el humanismo cristiano de tradición occidental”. El posicionamiento de la Iglesia Católica, sostenedora de la moral del humanismo cristiano, es radicalmente contraria a la práctica de la maternidad subrogada (vientre de alquiler). Así, las conclusiones de los departamentos de bioética de los centros católicos son concluyentes al coincidir unánimemente en que: “todas las medidas relativas a la maternidad subrogada, de alquiler o altruista, deberían orientarse a prohibir esta práctica, cualesquiera que sean las circunstancias que se den, lo que no implica dejar de reconocer los inalienables derechos del niño a una paternidad y nacionalidad reconocida legalmente. En cualquier caso, la madre subrogada debería ser reconocida como la única madre legal del niño por el hecho de haberlo gestado y dado a luz”.
En el mismo documento del PP, redactado en el 17 congreso del partido, se establece el régimen sancionador que señala como falta muy grave: “Actuar en el ejercicio de los cargos públicos en forma contraria a los principios y programas del Partido o incumplir el régimen de incompatibilidades establecido en el artículo 7.2 de los presentes Estatutos”.
Y unos folios más adelante señala las sanciones que corresponden a quien así actúen: “Suspensión de militancia por un periodo de tiempo de entre cuatro y seis años (…) Inhabilitación para desempeñar cargos en el seno del Partido o en representación de éste por igual periodo de tiempo (…) Expulsión del partido”.
Volviendo a los estatutos, en ellos se señala como inspirador de las propuestas políticas del PP la vocación europeísta. Esta vocación se ha plasmado, desde esta formación, en su adhesión sin fisuras a las directrices de la Unión Europea. Sin embargo, en este caso se posicionan radicalmente enfrentados a una moción incluida por el Parlamento Europeo en el Informe Anual de Derechos Humanos y la Democracia en el Mundo, elaborado para el año 2014. En este documento se “condena la práctica de la subrogación” justificándolo en que “socava la dignidad de la mujer”. Y considera que elimina la figura de la madre al tratarlas “como una mercancía”.
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LOS DIPUTADOS PLAÑIOL, PÉREZ Y PERAL
La rebelión de tres populares tumba el giro ideológico de Cifuentes
El abandono de la asamblea por parte de dos diputados populares y el voto en contra de un tercero hace fracasar el giro ideológico de la presidenta de la Comunidad, que quería apoyar los vientres de alquiler, contra los valores defendidos en el ideario de su partido. La proposición de Ciudadanos ha quedado rechazada con 64 votos en contra, 62 a favor y ninguna abstención.
A. Martínez-Bordiú | S. Toro
Jueves, 17. Marzo 2016
Con 64 votos en contra, 62 a favor y ninguna abstención, la Asamblea de Madrid ha rechazado la Proposición no de Ley presentada por Ciudadanos que instaba al Gobierno a impulsar una Ley de regulación de la gestación subrogada en España.
El proyecto de Ciudadanos, avalado por Cristina Cifuentes, ha perdido de este modo la votación por la actuación de tres diputados populares «díscolos», que en dos casos se han ausentado de la votación y en otro ha roto la disciplina de voto. Los diputados del PP David Pérez y Regina Plañiol no estaban en el hemiciclo en el momento de la votación, mientras que el parlamentario popular Luis Peral ha roto la disciplina de voto de su grupo y ha votado en contra. De esta forma tres diputados -que recuerdan con su actuación a los diputados nacionales que cargaron con el sobrenombre de díscolos por oponerse a la mini reforma de la ley del aborto que llevó a cabo el PP- hacen fracasar el giro ideológico que pretendía imponer la presidenta popular, Cristina Cifuentes, al avalar una propuesta -la de legalizar la maternidad subrogada o vientre de alquiler- que va en contra de los valores que, tradicionalmente, ha defendido el Partido Popular en la defensa de la dignidad del ser humano.
Ante la proposición no de ley presentada por Ciudadanos, la cámara autonómica quedó dividida con el posicionamiento conjunto y favorable a la propuesta de PP y Ciudadanos y el posicionamiento desfavorable de Podemos y PSOE. Así, de no ser por la actuación de David Pérez, Luis Peral y Regina Plañiol, el texto habría sido aprobado.
Así se desarrollaba el debate:
C’s: ‘Feministas radicales y católicos ultraconservadores están de acuerdo’
Comenzado con Eva Borox, de Ciudadanos, que señalaba que la Proposición no de Ley propuesta por su partido “recoge una necesidad real”. Borox explicaba que desde su partido se defiende a las mujeres para que “tengan la libre determinación de ser gestantes y así ayudar a terceros a ser padres”. “Durante la última campaña pudimos ver cómo la mayoría de los partidos estaban a favor de la gestación subrogada, y solamente ha sido Ciudadanos el que lo ha incorporado en su programa”, defendía Borox.
Asimismo denunciaba que las “feministas radicales y los católicos ultraconservadores» estén de acuerdo y ambos se opongan a la legalización de los vientres de alquiler. También hacía referencia a que “España fue pionera en el matrimonio igualitario”, y defendía que también “tenemos que ser pioneros en la legalización de los vientres de alquiler”. La diputada de Ciudadanos lamentaba que el PSOE no haya propuesto ninguna enmienda, al mismo tiempo que ha rechazado la de Podemos y terminaba su discurso denunciando la mala práctica de esta ley en distintos países, motivo por el que instaba a que en España “se protejan los derechos y libertades de todas las partes intervinientes”.
Podemos: ‘Las madres subrogadas deben tener derecho a abortar’
A continuación, la diputada de Podemos, Clara Serra Sánchez, defendía la negativa de su partido a la propuesta de Ciudadanos. Desde Podemos, decía, creen “que es un tema muy importante y del que hay que abrir un debate” pero señalaba que no comparten “el espíritu” de los naranjas. “En la propuesta existen grandes cegueras y olvidos peligrosos”, decía. “Los derechos son una cosa muy seria y como mínimo creemos que tienen que estar sobre el papel”, defendía la diputada de Podemos. Asimismo explicaba que “las mujeres vulnerables están siendo utilizadas para tener hijos bajo pésimas condiciones, y que al menos deberían explicar cómo lo van a hacer, puesto que los derechos de las mujeres son innegociables”.
La portavoz de Podemos concluía su declaración defendiendo que las madres subrogadas deberían tener derecho a abortar y a “cambiar de decisión durante el embarazo y en el periodo posterior”.
PP: ‘Queramos o no, la gestación subrogada está en nuestra sociedad’
Por parte del Partido Popular ha intervenido Elena González-Moñux Vázquez, que se mostraba «plenamente consciente de la polémcia que suscita este tema» y exponía los dos puntos de vista desde los que, a su juicio, se puede enfocar la gestación subrogada. Uno de ellos, muy negativo que nos dice que esto es una nueva forma de explotación de la mujer y que es un negocio que se aprovecha de la debilidad de algunos». «Podríamos entenderlo -continuaba-, pero lo peor que puede pasar es que en la realidad se realicen prácticas que no se ajusten a la legalidad.
Insistía en que su partido entiende las «críticas que dicen que las mujeres pueden llegar a ser explotadas», pero, a su juicio, la gestación subrogada «debe ser regulada en nuestro país porque como este proceso es muy costoso, las parejas se arriesgan a desplazarse a lugares con pocas garantías jurídicas». «Queremos que puedan realizarlo en España con todas las garantías», decía.
González recordaba que en la mente de todos hay «casos terribles en procesos de gestación subrogada que han dado la vuelta al mundo» y por ello, señalaba, «hemos de proponer una regulación seria y rigurosa y una normativa que defienda, en primer lugar, los derechos del niño».
Para los populares, la gestación subrogada constituye «un paso más en las técnicas de reproducción asistida». Para defender su teoría recordaba que «la fecundación in vitro tuvo detractores y ahora son muchos los niños concebidos por este método». Terminaba su intervención pidiendo «una regulación que ampare a las familias» y señalando que «lo más honesto es proponer una legislación que ofrezca todas las garantías jurídicas cuyo principal objetivo sea proteger la dignidad de las personas».
PSOE: ‘C’s abre ahora este debate para apuntarse un tanto’
En el debate intervenía por el PSOE Josefa Navarro Lanchas, que recordaba que la gestación subrogada es una práctica prohibida en la mayor parte del mundo civilizado, en tanto que supone una mercantilización del vientre materno.
Navarro se preguntaba «¿por qué surgen estas cuestiones ahora?». «A una semana de finalizar la legislatura abren este debate para apuntarse un tanto que se disputan con el Partido Popular», recriminaba a Ciudadanos. A lo que añadía que «si este es un tema tan importante para ustedes, ¿por qué no han exigido a su grupo en el Congreso que esta misma semana lo hayan sometido a debate?»
También criticaba al PP, del que decía que «se sube al carro de Ciudadanos dando un giro total a los planteamientos que hace cinco meses defendían sus diputados en el Congreso». La socialista señalaba que «la maternidad es algo más que la unión de un óvulo y un espermatozoide» y que una de las primeras cuestiones que hay que plantearse es «si el consentimiento dado por la mujer ha sido dado libremente y si su situación económica la ha podido condicionar».
Insistía además en que «no debemos obviar que en la gestación subrogada intervienen agencias que vigilan el proceso a cambio de beneficios económicos» y en que a su partido le preocupa la dimensión social del debate. Navarro ha indicado que la mujer gestante «está en desventaja» y que con la gestación subrogada «se vulnera la dignidad de las mujeres». Recordaba a «las 30.000 familias españolas en espera para adoptar que quieren ser padres de forma legal» y ha pedido a Cifuentes que presione «para facilitar los procesos de adopción».
La diputada del PSOE en la Asamblea de Madrid finalizaba su intervención asegurando que «no vamos a caer en la trampa que nos tiende Ciudadanos» y solicitando la apertura de «espacios de decisión y de reflexión para garantizar los derechos reproductivos y medidas contra el tráfico de seres humanos».
Pero, ¿en qué consiste la propuesta de los vientres de alquiler?
La Proposición No de Ley (PNL) sobre Gestación Subrogada- los conocidos como vientres de alquiler- presentada por Ciudadanos no especifica cómo debería regularse la gestación subrogada y se limita a explicar por qué debería crearse una ley. Señala que la Ley 14/2006 de 26 de mayo sobre técnicas de reproducción humana asistida (LTRHA) reconoce en su artículo 10 como un hecho la gestación subrogada pero la excluye del ámbito de regulación.
En España, son ilegales los vientres de alquiler al establecer la actual legislación como nulos los contratos que supongan la renuncia por parte de una mujer a la filiación materna. En esta ley, la filiación de los hijos está determinada por el parto según el principio del derecho romano «mater semper certa est».
A pesar de lo establecido en esta ley, Ciudadanos destaca en la PNL la Instrucción de 5 de octubre de 2010 de la Dirección General del Registro y el Notariado que hizo posible inscribir en el Registro Civil a los niños fruto de la gestación en un vientre de alquiler con la única condición de que el contrato no se hubiera producido en territorio español. Por tanto, estaría permitido inscribir a menores nacidos de vientres de alquiler en otros estados.
En opinión de Ciudadanos, esta Instrucción supone la «legalización de facto de la gestación por subrogación en España», aunque sólo sería accesible a aquellos que puedan permitirse alquilar un vientre fuera de las fronteras españolas.
Es por esta supuesta legalización de facto que la formación pide a la Comunidad de Madrid que inste al Gobierno de España a impulsar una Ley de regulación de Gestación Subrogada que regule los vientres de alquiler en nuestro país.
La encargada de presentar la PNL ha sido Eva Borox, ‘número tres’ de Ciudadanos en Madrid, que defendió la postura de su partido ante la Comisión de Políticas Sociales y Familia de la Asamblea de Madrid el pasado lunes. Borox ha explicado que la PNL incluye las siguientes medidas:
-Accesibilidad a cualquier familia que no pueda gestar.
-Respeto a la autonomía de la gestante.
-Una relación entre la familia y la gestante.
-El derecho de los hijos a conocer su origen biológico.
-Ausencia de parentesco entre la familia y la gestante.
-Irreversibilidad del contrato.
-Posibilidad de compensación económica.
Las reacciones
La Conferencia Episcopal Española no ha querido manifestarse al respecto, alegando que no tiene ninguna opinión personal y que su postura es, “como no podía ser de otra forma”, la misma que se recoge en el Catecismo de la Iglesia Católica. “Son cuestiones morales que vienen recogidas en el Catecismo, y la posición de la Conferencia Episcopal frente a estos temas es la misma que se puede leer en él”. “Les invito a leerse el Catecismo”, ha concluido el director de comunicación de la CEE.
Por su parte, en declaraciones a Gaceta.es, el presidente del Foro Español de la Familia, Mariano Calabuig, ha denunciado que la legalización de los vientres de alquiler supondría una “nueva forma de esclavitud”. Calabuig ha señalado que se trata de un negocio, independientemente de que la madre subrogada reciba una compensación económica o no.
“Hoy en día hay cosas más importantes que hacer y de las que preocuparse para proteger la maternidad en España”, explica a Gaceta.es el presidente del Foro Español de la Familia, que ha hecho hincapié en la ambigüedad que suele estar ligada a esta ley.
“Hace poco una pareja brasileña obligó a la madre de alquiler a que abortara uno de los gemelos que había concebido puesto que era Síndrome de
Down. La madre se negó a hacerlo y ahora cuida de su bebé enfermo. Todas las cosas malas llevan leyes malas”, cuenta Calabuig.
Sobre el apoyo por parte del PP a la proposición No de Ley presentada por Ciudadanos para regular los vientres de alquiler, Mariano Calabuig ha señalado que es algo “incomprensible” y que no entiende “que es lo que buscan”. Denuncia que el PP haya cambiado su postura y que apoye iniciativas que nunca antes había hecho, “me da mucha pena”, asegura, “allá ellos con su conciencia”. Acerca de la Ley de igualdad de trato y no discriminación, Calabuig asegura que es una ley que “va en contra de la libertad de pensamiento” y que “ya no hay respeto. Si uno no piensa como ellos, puede tener consecuencias incluso penales”, señala el presidente de Foro Familia al mismo tiempo que llama a los padres a que “no se dejen tomar el pelo y que actúen y decidan lo que quieren que se les enseñe a sus hijos”.